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La Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio de Las Palmas ha lanzado hoy un S.O.S. ante la situación de emergencia que atraviesan los diferentes profesionales del sector, que se están enfrentando a una “segunda pandemia económica” que les impide abrir sus establecimientos en condiciones, lo que generará la pérdida de empleos si no se actúa de inmediato.

Actualmente hay 610 establecimientos con licencia de terraza en Las Palmas de Gran Canaria, de los que han abierto 123, lo que afecta en torno a 3.500 empleos directos, además de otros muchos indirectos.

Los empresarios, en un 90% microempresas y negocios familiares, han presentado 150 solicitudes de ampliación de terrazas ante las medidas de seguridad y distanciamiento del Covid-19, de las que no ha sido resulta ninguna.

Desde la asociación aseguran que existe una “gran desinformación”, porque no se ha indicado “cómo proceder en cada caso para la ampliación de las terrazas”, por lo que insisten en la necesidad de “un canal de comunicación efectivo”.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio de Las Palmas, Fermín Sánchez, ha advertido en la rueda de prensa que necesitan “llegar a un acuerdo y un punto de encuentro” para la ocupación y la ampliación de las terrazas en estos tiempos de crisis postCovid-19, ya que no han obtenido respuesta por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La patronal solicita llegar a un acuerdo para lograr un punto de inflexión, como se ha hecho en otros ayuntamientos de Canarias y en el territorio nacional, para “poder ampliar la superficie de las terrazas, siempre respetando las normas y el espacio para el peatón”.

Como ha alertado, existe la necesidad de “más flexibilidad para poder poner en marcha los negocios”, sobre todo en aquellos cuyos empleados se mantienen en ERTE y sin cobrar, y los de pequeño tamaño que ven peligrar su continuidad tras más de dos meses de cierre de actividad.

Las normas publicadas en el BOE “dan lugar a la interpretación” por lo que acordaron con el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, una reunión con el concejal de Urbanismo Javier Doreste para acordar soluciones, que “no se ha producido tras 23 días”.

“No tenemos noticias”, ha asegurado el portavoz de los empresarios, aún tratándose de un sector que “genera más de 20.000 empleos directos, además del indirecto”.

En otros ayuntamientos, ha recordado “se han flexibilizado las normas y se ha apoyado y animado a los empresarios” que son “clave” para “generar y recuperar el dinamismo de antes de la pandemia”.

“Nos preguntamos por qué no se sientan con nosotros”, ya que “han reclamando una mesa de trabajo formada no solo por empresarios, sino por representantes de  vecinos, policía local y demás agentes del sector”, para que “se respeten las normas y los negocios puedan abrir con garantías y sin molestar a nadie”.

En el Ayuntamiento “son conscientes de nuestra preocupación”, ya que hay negocios que “no pueden ponerse en marcha y algunos incluso se plantean cerrar por las normas restrictivas” del Ayuntamiento.

Como ha señalado por su parte la gerente de la Asociación Vegueta de Ocio y Restauración (AVOR), Olga Palacios, los empresarios están “devastados” por la posición “extraña y que sorprende” del Ayuntamiento. El problema de las terrazas “sigue sin solución” y a su juicio “existe una posibilidad y urge tomar decisiones en este sentido”.

Como ha advertido, “hay dramas detrás de las personas que ejercen en este sector, miles de empleos directos e indirectos y familias”, por lo que no entienden “la falta de voluntad en resolver una cuestión importante para ayudar a la economía de las islas”.

Solicitan “la posibilidad de usar suelo público siempre que las características del espacio lo permita en convivencia con el peatón para poder cumplir con la separación entre mesas”. Como ha alegado Olga Palacios, “hay estructuras parecidas en otras islas donde mediante edicto se ha hecho un trabajo diferenciado según las características de las calles” para poder poner a disposición de los clientes el 100% de las mesas cuando el espacio lo permite.

La misma idea ha subrayado la gerente de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina, Angélica Rodríguez, que ha alertado que “hay empresas que han abierto y ahora se plantean cerrar”, porque “tienen gastos del 100% e ingresos de la mitad”, más aún “después de 60 días de cierre”.

Los empresarios, ha asegurado, “no buscan ganar dinero sino cubrir los gastos de estos dos meses de inactividad”, sobre todo por los empleados, que en situación de ERTE aún no han cobrado “y necesitan de una vida digna y soluciones para que puedan volver a cobrar sus sueldos”.

“Si los locales cierran, no pueden volver al ERTE”, ha recordado, por lo que “es una situación de total desamparo”.

Para los profesionales de la restauración y la hostelería ha habido “dos pandemias, la sanitaria y la económica” porque “aunque el Covid-19 fue duro la económica también lo está siendo”.

Como ha denunciado, no solo “tuvimos que ser los empresarios los que nos comunicásemos con el Ayuntamiento sino que después de 23 días ha demostrado falta de interés con la callada por respuesta”.

De los asociados de la zona de Santa Catalina, hay “actualmente 19 terrazas abiertas y 9 que cerrarán para siempre si no hay una solución”.

 

 

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La Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), en Consenso con la Asociación de Vegueta de Ocio y Restauración (AVOR), adscrita a la misma, han planteado ante las diferentes Administraciones Públicas las medidas que requiere el sector de la restauración para afrontar con unas mínimas garantías, la próxima reapertura de sus negocios, que permanecen cerrados desde el pasado 14 de marzo, por Decreto del Gobierno debido a la crisis sanitaria a causa del covid-19.

La continuidad de esta situación, sin la adopción de las medidas necesarias en apoyo de las empresas de restauración, abocará al cierre de las mismas, con la consiguiente pérdida de los puestos de trabajo. Se debe tener en cuenta que la estructura actual del sector está configurada por empresas familiares, con escasas posibilidades de subsistencia si la actual situación de cierre generalizado perdurase.

Como cuestión previa, instar de las distintas administraciones, la participación de la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas, en cualquier mesa de trabajo o foro de participación, propiciado desde dichos ámbitos, que tuviera como objeto el estudio de medidas que pudieran afectar al sector de la restauración, por su condición de interlocutor sectorial más representativo y en esta tesitura, instamos del Gobierno de Canarias la constitución de una Mesa Sectorial, con carácter de urgencia.

Lo más urgente que demanda el sector en estos momentos es la ampliación de la vigencia de los actuales Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), desvinculando la causa de fuerza mayor en que se han basado los mismos, de la vigencia del Estado de Alarma. Se evidencia que el sector no recuperará el pulso a su actividad, por el mero hecho de que el Gobierno del Estado decrete el fin del Estado de Alarma. De esta forma, las empresas, en función de sus necesidades, podrían abrir, recuperando progresivamente a los trabajadores de los expedientes, durante toda la vigencia de esta situación excepcional prorrogada. Hay que tener en cuenta que, aunque se reanude la actividad económica en las próximas semanas, el daño al tejido empresarial de los negocios de hostelería y muy vinculados al turismo, especialmente de las pymes y autónomos, abarcarán muchos meses más, ya que las pérdidas de ventas durante el periodo no se recuperarán y la actividad tardará en volver a niveles anteriores a la pandemia.

El establecimiento de la suspensión del pago de los arrendamientos de los locales (arrendamiento distinto del de vivienda, según la LAU), habida cuenta que la reciente medida adoptada por el gobierno, para autónomos y pymes, de establecer un aplazamiento en el pago de los alquileres resulta insuficiente, ya que no supone sino incrementar el endeudamiento de las empresas y abocarlas al cierre definitivo. Se establecería una recuperación progresiva de la renta pactada, en función de la recuperación de la normalidad en el sector. En tal sentido, este alquiler se irá incrementando en la misma proporción que se recupere la facturación anterior a marzo del 2020.

De igual forma, en el marco de las competencias del Estado, el sector precisa la suspensión en el pago de la cuota de autónomos mientras dure esta situación de crisis sanitaria, con una posterior cuota “progresiva” hasta la recuperación de la actividad. Excepto actividades que estén manteniendo el 100% de su facturación. Debe tenerse en consideración que la práctica totalidad de los titulares de los establecimientos son microempresas, regidas por autónomos o por Trabajadores Asimilados al Régimen General. En tal sentido, se deberá establecer, para ambos grupos una prestación económica por cese de actividad durante un mínimo de seis meses. Prorrogables en función de si se mantiene por parte del GOBIERNO las medidas de cierre obligatorio de negocios de hostelería.

Tener en cuenta que los Trabajadores Asimilados al Régimen General, en estos momentos carecen de una mínima protección social, pese a cotizar como si fuera un trabajador por cuenta ajena. Demandamos que la prestación, para este grupo de trabajadores, con pago retroactivo desde el 14 de marzo, hasta el inicio de actividad de las empresas, en su incorporación progresiva.

Las medidas de avales del Gobierno resultan insuficientes, si no se inyecta liquidez a las empresas, para poder afrontar, como insistimos, este periodo de cierre. En tal sentido abogamos por la puesta a disposición de pymes y autónomos, y de forma directa por medio del Instituto de Crédito Oficial (ICO), sin tener que pasar por la mediación de las entidades bancarias (salvo que sean meras tramitadoras nunca intervinientes decisorios), la obtención de créditos blandos sin intereses.

Por parte del Gobierno de Canarias, la exención del pago del IGIC, desde el momento en que se pueda optar por reanudar la actividad y hasta que las empresas recuperen la normalidad.

En el ámbito de la Administración Local, el sector aboga por una reducción esencial de la presión impositiva municipal en el marco de sus competencias. Así, aunque algunas Corporaciones lo tienen restablecido, el sector demanda el establecimiento generalizado de la suspensión del pago de las Tasas Municipales, especialmente la de terrazas y basura comercial. De igual forma, la ampliación del tipo mínimo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, puede coadyuvar de igual forma muy favorablemente a minimizar esta situación.

Abogamos por ampliar la superficie de ocupación de las terrazas, en primer lugar, como medida de seguridad sanitaria, ya que es en ese entorno donde se puede garantizar con mayor facilidad la seguridad de los clientes; y por otro, por la necesidad de que las empresas cuenten con un acicate adicional para su recuperación.

Ya, por último, ante las recurrentes noticias de la vuelta a la actividad del sector, donde un desliz puede significar tener que volver a la situación de confinamiento y cese de actividad de las empresas, requerimos del Gobierno del Estado unos protocolos sanitarios para los trabajadores y clientes claros, eficaces, fáciles de implementar y sin que suponga un coste añadido para las empresas.

El sector rechaza, la imposición de cualquier media no consensuada con el mismo, especialmente la idea de instalar mamparas de separación entre clientes, lo que va a afectar muy negativamente a su comodidad, al tiempo que supondría un costo inasumible, dadas las circunstancias, para las empresas.

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