Los empresarios debaten asuntos de relevancia para el sector con el candidato Manuel Domínguez, que resalta el papel estratégico del turismo para el bienestar de las Islas
San Bartolomé de Tirajana, 26 de marzo de 2023
La junta directiva de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas explicó a la cúpula del Partido Popular en Canarias su posición sobre algunas cuestiones relevantes para el sector turístico en las Islas, caso de los riesgos que conlleva la aplicación de medidas fiscales sobre la aviación en los vuelos internacionales con destino a las Islas, el dañino fenómeno de la residencialización de inmuebles turísticos, la gestión eficiente del litoral una vez asumidas las competencias por la Comunidad Autónoma o la renovación de las zonas turísticas, tanto en lo tocante a la inversión pública como mediante la adopción de los incentivos necesarios para hacer viable la inversión privada en instalaciones hoteleras y centros comerciales.
Estos asuntos, entre otros, fueron abordados durante la reunión que la junta directiva de la FEHT mantuvo con dirigentes del PP de Canarias, encabezados por su presidente y candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez. Por el PP acudieron también su cabeza de lista al Parlamento por la isla de Gran Canaria, Poli Suárez; el candidato a la Presidencia del Cabildo, Miguel Jorge, y el candidato a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez.
Los empresarios del turismo, por boca de su presidente, José María Mañaricua, resaltaron la importancia de obtener para las Islas un tratamiento específico que exceptúe o retrase la aplicación del pago por derechos de emisión de CO2 en todos los vuelos con salida y destino a Canarias. Esta medida de fiscalidad ambiental entrará en vigor en la Unión Europea y Reino Unido a partir de 2024 de forma progresiva, y hasta ahora la exención lograda para las Islas y el resto de regiones ultraperiféricas (RUP) alcanza exclusivamente a los vuelos interinsulares y entre Canarias y la Península, pero no a los vuelos internacionales, con lo que ello supone en pérdida de competencia respecto a otros destinos turísticos a los que no se aplicarán dichas medidas de fiscalidad ambiental a escala comunitaria.
Por los motivos apuntados, la FEHT ha instado a la configuración de un frente común en la política española y europea, con el trabajo conjunto de los partidos políticos, para obtener esta exención en los vuelos internacionales que conectan a Canarias con sus mercados emisores más importantes. Esta posición es válida tanto para el pago de derechos de emisión como para la futura tasa al consumo de combustible para aviación, y la posición de la FEHT al respecto pasa por negociar y obtener la exención para todos los vuelos con destino al Archipiélago, o al menos una moratoria para las Islas con la duración suficiente para permitir el pleno despliegue de los combustibles no contaminantes en la aviación.
La reunión entre la junta directiva de la FEHT y la cúpula del Partido Popular en Canarias incluyó el diálogo sobre otros asuntos relevantes
para el turismo en las Islas, como la adopción de medidas para evitar el fenómeno de la residencialización en inmuebles turísticos, una práctica dañina para la actividad económica y el empleo en municipios que tienen una implantación importante de alojamientos extrahoteleros. Al respecto, la patronal constató que el Partido Popular de Canarias comparte esta visión crítica sobre la residencialización y sus nefastas consecuencias, así como el compromiso de respetar la legalidad urbanística de Canarias en los ámbitos local, insular y autonómico.
Por otro lado, los empresarios del turismo recordaron la importancia de poner en práctica medidas de incentivo para el espacio turístico en Canarias, tanto desde la perspectiva de la inversión pública en infraestructuras específicas para las zonas turísticas como, sobre todo, a través de medidas legales de incentivo a la inversión privada, muy necesaria para instalaciones obsoletas como algunos centros comerciales en el sur de Gran Canaria. Además, el presidente de la FEHT recordó la importancia de definir “modelos turísticos diferenciados en cada isla, en función de la competitividad de cada destino y su realidad específica”, aspecto que fue igualmente compartido por el presidente del PP canario.
La FEHT reclama también un impulso en la gestión del litoral una vez formalizada la transferencia de las competencias de Costas desde la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias, al objeto de hacer viable la puesta en marcha de actividades vinculadas al turismo con seguridad jurídica y pleno respeto a la normativa ambiental, al igual que se ha aplicado en otras comunidades con las competencias transferidas. La junta directiva de la patronal turística recordó asimismo la urgencia de agilizar las licencias de renovación pendientes, también con pleno soporte jurídico, para los dos hoteles de la cadena Riu en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, aspecto sobre el que el presidente del PP canario mostró su total coincidencia.
Con el mismo argumento, el respeto a la legalidad, la junta directiva de la FEHT recordó la previsión del planeamiento insular de Gran Canaria
respecto al uso previsto en el puerto de Santa Águeda, en Arguineguín. La normativa territorial prevé el uso exclusivo recreativo y deportivo de dicho muelle tras la caducidad de la concesión para su uso industrial por una empresa cementera. Esta visión sobre el futuro de Santa Águeda como zona de gran potencial en el desarrollo turístico de San Bartolomé de Tirajana fue compartida por el candidato del PP a la alcaldía de dicho municipio, Marco Aurelio Pérez.
Por su parte, Manuel Domínguez subrayó en su intervención que el Partido Popular de Canarias “defenderá siempre la actividad turística, la más importante para el empleo y el bienestar de Canarias”. También mostró su oposición, que comparte la FEHT, a la implantación de nuevas tasas específicas para los turistas que lleguen a las Islas y prometió una visión de la gestión pública “previsible y eficiente, que garantice la seguridad jurídica de los empresarios”.