Sindicatos y empresarios del turismo insistieron en la necesidad de defender la actividad económica y los puestos de trabajo como exponente inequívoco del interés general de la isla y las zonas turísticas de Gran Canaria. Sobre el particular, incidieron en que el informe de la ULPGC estima en 83 millones de euros la pérdida de recaudación anual para las administraciones públicas provocada por los usos residenciales en los apartamentos turísticos del mismo municipio, con un coste de

12.433 puestos de trabajo en dicha zona.

Para la FEHT y los sindicatos CCOO y UGT, el camino para la defensa del interés general en casos como el de San Bartolomé de Tirajana pasan por “seguir en el camino de la profesionalización y la especialización” en las actividades relacionadas con el turismo y con el uso de los inmuebles en particular, objetivo que es “incompatible con la expansión del uso residencial” en dichas explotaciones, tal y como prevé debatir en su pleno del próximo viernes el consistorio tirajanero.

En particular, tanto las organizaciones de trabajadores como los empresarios advirtieron sobre el riesgo que supone la eliminación del principio de unidad de explotación vigente en la legislación sectorial que regula la actividad del turismo en las Islas, un planteamiento “lesivo para el interés general” que será debatido esta semana en el pleno de San Bartolomé de Tirajana a instancias de una moción que reproduce el contenido de una iniciativa legislativa popular registrada en el Parlamento autonómico. La voladura legal del principio de unidad de explotación supondría un precedente gravísimo capaz de provocar un daño irreparable a los complejos turísticos y al empleo en el municipio. Y, en particular, dañaría la actividad de explotaciones extrahoteleras constituidas por pequeñas empresas familiares de ciudadanos canarios que forman parte troncal del tejido productivo del turismo en las Islas.

Según los sindicatos y empresarios del turismo, “a la vista de los hechos y los datos no hay duda sobre los beneficios colectivos del uso turístico de los complejos construidos para tal fin”, recordando que de acuerdo al estudio de Tides cada plaza alojativa en Canarias supone 31.125 euros de ingreso medio en la economía de las Islas, así como 4.363 euros de ingresos fiscales para la Administración. Y, por encima de todo, insistieron en el riesgo que suponen los procesos de residencialización para el empleo, porque cada dos plazas alojativas suponen la generación de 1,3 puestos de trabajo en el Archipiélago.

Todo ello tiene mucho que ver con el desarrollo armonioso de la actividad en las zonas turísticas, en la medida que el impacto de la actividad turística es 15 veces superior a la que supone el uso residencial, según el estudio independiente de la Universidad. Por ello, la patronal FEHT y los sindicatos CCOO y UGT concluyeron que su posición “común y firme” en contra de cualquier medida que contribuya a extender el fenómeno de la residencialización está claramente identificada con la defensa del destino turístico, de su calidad en un mercado competitivo y, en definitiva, con el interés general de las Islas.