Ayer, miércoles 10 de marzo de 2021, D. Francisco Suárez Álamo, director del Canarias 7, ha redactado un artículo titulado "La respuesta municipal". 

Lee el comunicado íntegro a continuación:  

"No es fácil que las patronales turísticas se pongan de acuerdo. De hecho, salvo contadas excepciones, lo difícil es que organizaciones empresariales de diferentes islas tengan un discurso unánime, y no por diferencias personales sino básicamente porque la realidad de cada isla matiza los posicionamientos. Por eso tiene mérito que las patronales del sector que es motor de la economía canaria (motor, pero apagado desde hace meses) hayan unido sus voces para plantear que los ayuntamientos deben ser sensibles ante la situación que están pasando las empresas de ese sector. Una sensibilidad que debería traducirse, según el discurso patronal en suspensión o al menos rebaja de tasas e impuestos que van vinculados a la continuidad del negocio, de manera que si este se suspende por causa mayor, se supone que también debería ocurrir lo mismo con la obligación del pago.

Así planteado, el argumento es de cajón: si usted me cobra por desarrollar mi negocio, y ese negocio se 'congela' por una fuerza mayor como es la pandemia, ¿cómo se justifica la continuidad del gravamen? Otra cosa es que después vengan los matices: ¿aplicamos esa exención al turismo y no a otros sectores? ¿Y qué entendemos por turismo? ¿También las empresas de alquiler de coches, los taxis en municipios turísticos, las guaguas que transportan a visitantes...? ¿Y solo para los municipios turísticos o también para los que no lo son en puridad pero tienen camas alojativas? ¿Y el quiosco que ya no vende prensa extranjera porque no hay extranjeros? ¿Y las oficinas de cambio de moneda? Como se verá, la lista puede ser tan larga como la casuística.

Los ayuntamientos se han puesto bastante de perfil en esto de ser proactivos en echar una mano a las empresas y autónomos. Más bien han jugado a quejarse, a tocar en la puerta de cabildos, Gobierno de Canarias y Gobierno central y esperar que llegue el maná de los fondos europeos. Y una cosa es no caer en el error de la crisis de 2008, en la que se optó por recortar servicios públicos a mansalva, y otra diferente es no hacer examen de conciencia para concluir que la maquinaria pública debe ponerse al servicio de la economía que se ha parado por decreto. Y no al revés, porque esta carece de actividad con la que alimentar los ingresos que nutren a las administraciones. ¿Qué pueden hacer? Pues ser más diligentes -véase lo ocurrido en la capital con las terrazas- y trasladar a sus empleados que tener el puesto garantizado es un lujo, o sea, razón de más para arremangarse."