La Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas (perteneciente a la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas), conjuntamente con las asociaciones locales, AVOR y ZONA TRIANA, han dirigido, al Presidente del Gobierno de Canarias y al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, sendos escritos solicitando la eliminación de restricciones al ejercicio de la actividad.

Concretamente al presidente del Gobierno de Canarias, han puesto de manifiesto la necesidad de reabrir el sector de ocio nocturno, centrando los esfuerzos en el control del botellón y las fiestas privadas que, a la postre, han sido los principales causantes de los focos epidémicos de las pasadas semanas. En tal sentido, los Presidentes de las respectivas Organizaciones, quieren poner de manifiesto, que la voluntad de los empresarios es la de cumplir con la normativa, marco donde las diferentes administraciones deben ejercer sus competencias sancionadoras si a ello hubiere lugar.

Las asociaciones signatarias de las misivas, en lo relativo a los bares y restaurantes, abiertos actualmente, si bien consideran necesarias la aplicación de determinadas medidas, como el distanciamiento o el uso de mascarillas, han puesto de manifiesto al Presidente del Gobierno de Canarias la necesidad de que el sector recobre el pulso de su actividad cuanto antes, poniendo en entredicho las actuales limitaciones en materia de horarios, donde hay que recordar que está vigente un recorte adicional al horario de cierre, que se sitúa en la actualidad en las 00:00 horas, no pudiéndose admitir clientes a partir de las 23:00 horas, particularidad respecto a la que se manifiestan especialmente en contra, habida cuenta que el empresario sabe perfectamente cómo gestionar su negocio para cumplir de forma estricta con el cumplimiento de los horarios establecidos.

En lo concerniente al ámbito municipal, las asociaciones han dirigido la petición al Alcalde de la capital Gran Canaria, de flexibilizar la posibilidad de ampliar la superficie ocupada por las terrazas de los establecimientos de hostelería, al amparo del marco que ha establecido el reciente Decreto-Ley del gobierno de Canarias, permisivo en ese aspecto, si bien la última palabra la tendría el Ayuntamiento.

Se trata ésta, de una reivindicación sistemática, desde el inicio de la crisis sanitaria, donde ahora los establecimientos tendrían la posibilidad de dar cabida a su aforo de forma total, limitado en estos momentos por la necesidad de respetar la distancia mínima de seguridad, debió al covid-19.

En estos momentos tan difíciles de crisis sanitaria, económica y ahora migratoria, queremos desde la Federación de Hostería y Turismo de Las Palmas (FEHT) recalcar nuestra voluntad única, de ayudar solidariamente, al conjunto de la sociedad y personas que la conforman, como hemos hecho siempre que ha sido necesario.

Esta solidaridad, se ha podido percibir en la respuesta a la petición de la Delegación de Gobierno, solicitando a nuestros asociados complejos alojativos para acoger a cientos de inmigrantes que estaban, y todavía están en el Muelle de Arguineguín.

Respuesta necesaria, ante la falta de puesta a disposición por parte de las diferentes administraciones públicas (estatales, autonómicas y locales) de los inmuebles públicos existentes, para acoger a estas personas.

Observando como todo esto ha causado múltiples manifestaciones, y preocupación en las personas, y ante la más que probable llegada de miles de inmigrantes en próximos meses (4.000 en lo que va de año), queremos manifestar desde la FEHT, que esta decisión de utilizar los complejos turísticos sería deseable que fuera temporal, breve, y nunca estructural, solo deben utilizarse mientras se adecúan con celeridad a las instalaciones públicas que no han sido cedidas en este momento.

El sector turístico de las islas, no ha enfrentado nunca una crisis de las actuales características ni dimensión, debe seguir aportando valor al destino Canarias, creando empleo, e invirtiendo en la modernización y mejora de la oferta, que aporta ese 35% del PIB, requiere esfuerzo y riesgo por parte de las empresas, pero es esencial que las administraciones públicas se responsabilicen de la gestión de los problemas de orden público que no podemos resolver.

Por tanto, son el conjunto de nuestras administraciones, en un momento de crisis humanitaria, quienes juntas, y de manera rápida y diligente deben aportar sus instalaciones, dar respuesta a esta necesidad, y adecuarlas dignamente para estas personas, no solo prestando techo y cobijo, sino dando también una respuesta sanitaria, legal y humana, ante la diversa casuística que padecen.

Y remarcar, que no solo Gran Canaria, debe dar respuesta y asumir las consecuencias de esta crisis. Deben ser el conjunto de territorios y Comunidades españolas y de la Unión Europea quienes solidariamente acojan a gran parte de estas personas, solicitando al Gobierno de España dé una respuesta clara e inmediata a esta situación.

De no trabajar conjuntamente, y procurar una reacción rápida y eficaz, además de una crisis sanitaria y económica, habremos añadido a la ecuación una crisis social.