El sector considera que la normativa supone un grave perjuicio para viajeros y establecimientos.

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) anuncia que emprenderá acciones legales contra el Real Decreto 933/2021 sobre el Registro de Viajeros, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 2 de diciembre, debido a la falta de respuestas por parte del Gobierno y el impacto negativo que esta normativa supondrá para el sector hotelero y los propios viajeros. La patronal hotelera denuncia que el Ejecutivo ha ignorado todas las peticiones de diálogo y aclaración, tanto de CEHAT como de asociaciones turísticas internacionales. A pesar de las reiteradas advertencias sobre las graves repercusiones que tendrá este reglamento, el Gobierno no ha ofrecido soluciones ni ha emitido la prometida Orden Ministerial para aclarar su implementación. Una normativa con impacto directo sobre viajeros y empresarios Para CEHAT, el nuevo reglamento no solo afecta negativamente a los turistas internacionales, sino también a los ciudadanos españoles que hacen uso de hoteles y alojamientos en sus desplazamientos dentro del país. Estos deberán enfrentarse a trámites administrativos más complejos y tediosos, comprometiendo su experiencia de alojamiento. Además, los hoteleros mantienen que se ven obligados a cumplir con una normativa confusa y desproporcionada y que vulnera varias directivas europeas relacionadas con la protección de datos y los sistemas de pago. El incumplimiento de esta normativa europea puede acarrear importantes multas a las empresas muy superiores a las propias sanciones por no cumplir el Real Decreto del Ministerio del Interior, exponiéndose a sanciones de hasta 30.000 euros si no logran adaptarse a tiempo. CEHAT denuncia que esta falta de claridad genera una inseguridad jurídica inaceptable para un sector que representa el 12% del PIB español y es clave para la economía del país. El silencio del Gobierno deja al sector sin alternativas Desde la reunión mantenida con el Ministerio del Interior el pasado 4 de octubre, CEHAT no ha recibido ninguna comunicación oficial ni avances concretos en las prometidas aclaraciones. Asimismo, el Gobierno no ha emitido la Orden Ministerial comprometida para detallar los procedimientos necesarios, dejando a los hoteleros en una situación de indefensión a menos de una semana de la entrada en vigor del decreto. Jorge Marichal, presidente de CEHAT, lamenta la actitud del Ejecutivo: "Llevamos meses solicitando diálogo y propuestas concretas para garantizar la seguridad jurídica y la viabilidad del sector, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Ante esta falta de voluntad política, nos vemos obligados a plantear vías legales para proteger tanto a los empresarios como a los viajeros." Acciones legales para defender al sector y a los viajeros CEHAT está trabajando con expertos legales para evaluar las opciones judiciales disponibles, con el objetivo de impugnar la normativa por su impacto desproporcionado y su incompatibilidad con las directivas europeas. La patronal considera que estas acciones son necesarias para defender los derechos de los viajeros y garantizar un entorno regulatorio equilibrado y justo para los establecimientos turísticos. “España no puede permitirse que una normativa tan lesiva entre en vigor sin que se hayan resuelto sus múltiples defectos. No dejaremos de luchar para garantizar que nuestro sector y nuestros viajeros reciban el respeto y la protección que merecen”, concluye Marichal. No obstante, CEHAT reitera su compromiso de colaborar con las autoridades españolas y europeas en la búsqueda de soluciones que garanticen la seguridad sin comprometer la operatividad del sector, antes de la entrada en vigor de esta normativa. A este respecto, Ramon Estalella, secretario general de CEHAT, subraya que “siempre hemos colaborado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y seguimos abiertos al diálogo para encontrar soluciones tecnológicas viables y seguras, antes de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto”. 

El economista Antonio Garzón ilustra, con datos y argumentos, el perjuicio que supone la residencialización en zonas turísticas para el interés general. La clave es gestionar correctamente el suelo turístico, en beneficio de la competitividad destino y la prosperidad colectiva

Las Jornadas Ciudadanas sobre Futuro y Sostenibilidad del Turismo, promovidas por Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana, contaron en su segunda sesión con Antonio Garzón como ponente destacado, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y diplomado en Turismo. Alejandro Marichal, Secretario Local de Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes y presentar al ponente. Marichal destacó que “la importancia de estas jornadas radica en la participación de agentes y profesionales del sector, quienes no necesitan estar vinculados políticamente, ya que el objetivo es recibir, escuchar y abrir el debate hacia otras visiones que puedan generar iniciativas y guiar una gestión inclusiva para toda la población, independientemente de ideologías políticas”.

En su disertación, Garzón propuso una herramienta única para analizar la historia del turismo en la isla: “Diez cartas enviadas a los planificadores del pasado, con recomendaciones en momentos clave desde 1987, que ahora regresan actualizadas con lecciones y recomendaciones para el futuro”. El diplomado en Turismo, a través de estas diez «cartas al pasado», identificó momentos críticos y errores que han moldeado el modelo turístico de la isla. Desde la crisis de desaceleración de 1987, pasando por las moratorias insulares y regionales, hasta la regulación de la oferta alojativa, su análisis expuso lecciones clave y su impacto en la competitividad turística de la región. Sin embargo, el ejercicio no se limitó a advertencias al pasado; Garzón aprovechó esta reflexión para actualizar esos mensajes, orientándolos hacia los desafíos presentes y futuros. En síntesis, Garzón expuso “diez recomendaciones para la planificación turística, redirigidas hacia un futuro sostenible y adaptado a las necesidades actuales”.

“Las cartas para el futuro en el ámbito turístico de Gran Canaria reflejan un aprendizaje profundo de las decisiones del pasado, proponiendo soluciones innovadoras y sostenibles ante los desafíos actuales”, señaló el ponente. En primer lugar, destacó que, más allá de limitar la oferta de camas, el verdadero reto consiste en gestionar el suelo turístico para evitar su transformación masiva en propiedades residenciales. Es fundamental mantener un equilibrio entre la oferta turística y el uso residencial en las áreas turísticas, evitando tanto la saturación de camas como un desarrollo descontrolado de viviendas en zonas originalmente destinadas al turismo. Además, se reconoce que las moratorias que limitan la capacidad han resultado insuficientes y obsoletas en su forma actual; en su lugar, se propone fomentar un crecimiento selectivo y diversificado, impulsando tipologías de alojamiento que no solo atraigan a nuevos segmentos de turistas, sino que también integren aspectos de sostenibilidad y ecología en sus estándares.

La modernización de infraestructuras también resulta clave, no solo en términos de calidad básica, sino adaptada a las realidades del cambio climático. Esto implica crear áreas sombreadas, zonas verdes y espacios de refugio climático en los principales núcleos turísticos de la isla. Paralelamente, subrayó la importancia de una planificación inteligente: “En lugar de moratorias que frenen el desarrollo, es crucial apostar por un enfoque proactivo que garantice el crecimiento sostenible a largo plazo y evite desequilibrios”.

Otro pilar indispensable es la simplificación legislativa, cuya consolidación en un solo marco jurídico permitiría una respuesta más ágil y clara ante las demandas y desafíos de hoy y del futuro. Este marco debería, a su vez, contemplar infraestructuras de movilidad ecológica y sostenible que aseguren una accesibilidad adecuada en toda la isla y minimicen el impacto ambiental, mejorando así la competitividad de Gran Canaria como destino turístico de referencia.

Asimismo, propuso una regulación equilibrada del alquiler vacacional, complementada por políticas de vivienda que faciliten la coexistencia entre la oferta turística y la residencial. Limitar la conversión de viviendas en alquileres turísticos y proteger la oferta residencial es esencial para mantener el acceso a la vivienda y mitigar la presión en las zonas de alta demanda turística.

En el aspecto social, destacó la necesidad de medir de manera constante la satisfacción de la población local. “Disponer de herramientas que permitan evaluar el bienestar y la aceptación social del turismo ofrece la oportunidad de adaptar estrategias y asegurar que el turismo sea un beneficio para todos”, especificó. Asimismo, propuso crear una narrativa que refleje no solo los beneficios directos, sino también los efectos indirectos y derivados del turismo en la economía y el empleo local, combatiendo la percepción negativa que muchas veces se le asocia y resaltando su contribución vital al desarrollo económico de Canarias.

Por último, la Formación Profesional dual (FP) se presenta como una estrategia imprescindible, sobre todo en un sector necesitado de talento y de mano de obra cualificada. La FP dual, unida a una narrativa positiva sobre las profesiones del sector, tiene el potencial de motivar a las nuevas generaciones hacia una carrera en turismo. Al comunicar el valor y las oportunidades que ofrecen estas profesiones, no solo se contribuye a reducir la escasez de talento, sino que también se genera una visión positiva en torno a uno de los sectores más globalizados y enriquecedores del mercado laboral.

“Este conjunto de recomendaciones constituye una hoja de ruta ambiciosa y necesaria para que Gran Canaria pueda gestionar su desarrollo turístico de una manera equilibrada, sostenible y beneficiosa para todos, integrando factores demográficos y ecológicos en una planificación a largo plazo que permita un turismo resiliente y positivo para la comunidad”, concluyó Garzón.

El sector advierte de que la clave no está en recaudar más, sino en gestionar mejor lo recaudado, y que las administraciones públicas son incapaces de ejecutar al completo

La Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer); la Federación Turística de Lanzarote (FTL); la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT); y la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) consideran “ineficaz” la proposición de ley presentada el pasado miércoles por el Grupo Parlamentario Socialista para implantar en Canarias un impuesto a las estancias turísticas, una medida que, consideran los empresarios, no reducirá el número de visitantes y que supone un castigo injustificado al turismo, como ha quedado demostrado en todos los territorios en los que se ha aplicado dicho impuesto, que solo restará competitividad al destino.

En cuanto a la recaudación que se espera obtener con este nuevo impuesto, 250 millones anuales según la propuesta socialista, las patronales insisten en la idea de que Canarias no tiene problemas de financiación, sino de gestionar mejor los recursos que tiene, dado que ni siquiera ejecuta la totalidad de los impuestos que genera la actividad turística, que ascendieron a más de 3.400 millones anuales en 2023.

Un nuevo impuesto a la pernoctación no resulta útil como medida para gestionar los flujos turísticos, ni tampoco para abordar los auténticos déficits en infraestructuras que arrastra el Archipiélago y que no han dado respuesta al notable incremento de población de los últimos 25 años. Por otro lado, supondría generar una clara situación de doble imposición a la actividad turística en las Islas, cuando precisamente se trata del sector de la economía que más contribuye a los ingresos públicos vía impuestos.

Asimismo, consideran de muy dudosa legalidad la posibilidad de que ese impuesto pueda cobrarse solo a los visitantes que no residen en Canarias, ya que la normativa europea no permite ninguna medida discriminatoria según la residencia del ciudadano de la UE. Por tanto, también los residentes en las Islas se verían obligados a abonar dicha carga tributaria al alojarse en un establecimiento turístico de Canarias.

Otra cuestión diferente, que comparten las patronales, es la aplicación de tasas por visitar los tesoros naturales de las Islas, tal y como se aplica ya en algunos espacios. Una tasa con carácter finalista, consideran las patronales, puede incluso repercutir positivamente en la generación de empleo y en la mejora de los servicios de limpieza, seguridad y mantenimiento de estos lugares, y sería útil acompañada por otras medidas para gestionar correctamente el flujo de visitantes, medir el impacto sobre los espacios naturales y garantizar su óptimo estado de conservación.

El turismo en Canarias mueve hoy el citado 35,5% de la riqueza (PIB) de las Islas, genera el 40% del empleo directo y en impuestos se traduce en unos ingresos de 3.400 millones de euros. Con esa cifra se puede pagar todo el presupuesto canario de Educación de este 2024 (2.373 millones), todos los servicios sociales (711 millones), la industria y energía (139 millones) y el acceso a la vivienda y fomento de la edificación (122) o más del 80% del presupuesto total de Sanidad (4.108 millones).

La FEHT felicita a los galardonados con los Premios de Turismo Islas Canarias, que concede el Gobierno autonómico: Tourinews, la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, Serviagroc, Casas Heddy, la isla de El Hierro y nuestro admirado Tom Smulders”.

“Smulders, expresidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos e integrante de la directiva de la FEHT hasta octubre de 2023, premiado en la categoría de Accesibilidad e Inclusividad en reconomiento a decádas de trabajo por el sector turístico en el sur de Gran Canaria”.

“Muchas felicidades a todos los galardonados, ejemplo de excelencia en nuestro sector".

https://www.tourinews.es/empresas-turismo/premios-turismo-islas-canarias-ganadores-tourinews-spel-lanzarote_4482693_102.html

sobre los viajeros y un aumento de responsabilidad sobre datos no comprobables”.

El Real Decreto 933/2021 amplía las obligaciones de las empresas a recoger datos que no se limitan a los que aparecen en documentos oficiales (como DNI y pasaporte), tales como métodos de pago, transacción económica, datos del contrato, domicilio actualizado, teléfono móvil o correo electrónico del usuario, que sólo pueden ser recogidos de forma manual. Para los hoteleros, es imposible recabar y certificar la autenticidad de algunos de estos datos, por lo que esto provocaría un caos organizativo en las recepciones en perjuicio de los usuarios y contraviniendo flagrantemente las normas de minimización de datos de las directivas europeas y su protección.

CEHAT recuerda además que más del 70% de las empresas de alojamiento son pymes y micropymes que no pueden disponer de la protección suficiente de ciberseguridad que garantice la protección efectiva de los datos recogidos.

Además, la propia Unión europea ha decidido en julio de 2024 que las aerolíneas solo podrán recabar datos de forma automatizada, reemplazando los métodos manuales - que son a los que obliga este Real Decreto- por la no aparición en documento oficial de muchos de los datos requeridos. Asimismo, la UE decidió que estos datos pueden recopilarse sin que las empresas estén obligadas a verificarlos cuando se viaje dentro del espacio Schengen.

Ante la inmediata entrada en vigor el 1 de octubre de este Real Decreto, CEHAT ha manifestado la necesidad de reunirse nuevamente con el secretario de Estado o el ministro del Interior sin respuesta por parte del Ministerio, lo que ha provocado un gran malestar en todo el colectivo y la puesta en marcha de sus servicios jurídicos para impedir su aplicación.

Por último, hay que destacar que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España ya el 83% de los españoles que se alojan fuera de su residencia habitual y el 33% de los extranjeros no pasan por un establecimiento con recepción. La proliferación de alquileres turísticos legales e ilegales exige, por tanto, al Ministerio poner en marcha medidas realizables y cumplibles, aportando las herramientas a todas las empresas que garanticen la minimización de datos la eficiencia en su recogida y envío y la no obligación de verificación fuera de los datos recogidos en documentos oficiales. Si esto no se produce provocará graves problemas a empresas y a viajeros sin que ello redunde en el aumento de la seguridad de nuestro destino turístico.

Se ha puesto en marcha de la campaña “Turismo Bien”, impulsada por Exceltur y respaldada por CEHAT y varias asociaciones turísticas como CEAV (Confederación Española de Agencias de Viajes), Hostelería de España, ALA (Asociación de Líneas Aéreas) o Feneval (Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos Con y Sin Conductor).

Su objetivo es contrarrestar y frenar los ataques que está recibiendo el sector turístico y reforzar su vínculo con la ciudadanía, abordando de manera conjunta y con las instituciones públicas un desarrollo turístico más sostenible y deseable en España. La campaña busca promover un diálogo franco y abierto entre responsables públicos, empresariales y ciudadanos para definir estrategias que conduzcan al turismo que todos queremos.

La campaña estará vigente hasta el 31 de agosto y parte de la creación de un manifiesto y un vídeo que se pueden encontrar aquí: https://www.exceltur.org/turismo-bien-el-turismo-que-todos-queremos/

Desde CEHAT se hará eco de esta iniciativa en las próximas semanas a través de sus canales online y nos animan a su difusión a el que se quiera sumar. 

En el día de ayer, martes 04 de enero de 2022, el Ocio Nocturno de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio de Las Palmas (AEBCRYO) integrada en la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), motivado por la crisis económica que azota al sector en esta pandemia, ha solicitado a los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, una reducción de la tributación municipal (tasas e impuestos), y tanto a Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias, una línea directa de ayudas destinada a paliar el impacto económico generado por la actual crisis.

La Asociación de Bares, Restaurantes, Cafeterías y Ocio de Las Palmas espera tener una pronta respuesta, por parte de las administraciones, a las peticiones realizadas.

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