La Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio de Las Palmas (AEBCRyO) ha recibido “con absoluto estupor” la decisión de la Comisión de Pleno de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ha prohibido la ubicación en las cubiertas de edificios destinados a usos diferentes al residencial, la actividad de cafetería, bar o restaurante, cuando estos inmuebles colinden con edificios de uso residencial y en todos los casos, con la expresa prohibición de instalar actividad musical. A tenor de esta noticia han presentado un escrito al alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, mostrando su malestar y su rechazo a la norma.

Esta prohibición, que será llevada al pleno de la corporación el próximo 26 de enero,  “tiene visos de salir adelante”, ha explicado el presidente de la asociación, Fermín Sánchez, lo que a su juicio “está atentando contra iniciativas empresariales de Las Palmas como ciudad abierta, frenando inversiones y calidad turística”, ya que estas instalaciones “tienen gran aceptación de la ciudadanía” por lo que el Ayuntamiento “está haciendo un flaco favor a la libertad de empresa, a la iniciativa empresarial y a la imagen de la ciudad en sí misma”, que va a en contra “de la dinámica de ciudad abierta de la que tanto alardean desde el Consistorio”.

Tal y como ha expuesto el presidente, “hoteles que se han renovado y tienen esas instalaciones abiertas para una restauración de calidad o incluso para la celebración de eventos, entre otras actividades, tendrían que cerrar estos espacios” ya que el Ayuntamiento “se carga esta posibilidad y, del mismo modo, se carga la hostelería de esos negocios, a pesar de que cuentan con permisos que el propio Ayuntamiento les aprobó, y por tanto están habilitados para esa actividad”.

Asimismo, ha asegurado que, en una reunión previa celebrada en octubre “el alcalde se comprometió a contar con la asociación para elaborar esta ordenanza, mostrándose colaborativo a una norma consensuada con los empresario” que si embargo “ha sido llevada a Comisión y próximamente a pleno como una decisión arbitraria”.

Según ha recalcado Sánchez, “hay elementos suficientes para que los negocios no nos salgamos de la norma y que se pueda ofrecer al público una zona de ocio y respetar el descanso de los vecinos al mismo tiempo” ya que “una cosa no es incompatible con la otra”.

En este sentido, ha añadido, “la prohibición no es la salida adecuada de ninguna de las maneras” ya que “el Ayuntamiento puede gestionar este asunto a través de ordenanza municipales de control de ruido, por ejemplo, en base a unos criterios objetivos de mediciones”.

En el caso de aprobarse esta prohibición, “la asociación va a impugnarla y seguramente también los afectados, que reclamarán daños y prejuicios si les aboca al cierre con sus permisos e instalaciones de acuerdo a la normativa y con la habilitación municipal y sectorial pertinente” y por tanto “traerá consigo una batería de litigios importante”.

Es por ello, según versa el texto remitido al regidor municipal, que la asociación mantiene “la convicción de que por parte del alcalde se adoptarán las medidas necesarias, al objeto de reconducir el texto de la ordenanza a su cauce natural, en beneficio de los intereses de nuestra ciudad”.

En la misma línea, dicta el documento, “consideramos que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, no merece unas políticas que puedan mermar su imagen como urbe de oportunidades, turística y dinámica” y pide la entidad que esta cuestión “puede ser reconsiderada” antes de la celebración del pleno municipal “lo cual sería no solo de agradecer, sino un necesario acto de justicia”, añade la carta.

El documento ha sido remitido con fecha 12 de enero de 2018, dos semanas antes de la fecha prevista de convocatoria del pleno ordinario del mes por parte del Ayuntamiento de Las Palmas.