La entrada en vigor en el día de hoy del Real Decreto-Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, confiere al mismo tiempo la facultad a las Comunidades de Propietarios (CC.PP.) para decidir acerca de limitar o condicionar el ejercicio de la actividad de Vivienda Vacacional en sus inmuebles.

Para que dicha facultad se pueda ejercer, se precisaría un acuerdo de la Junta de Propietarios, adoptado como mínimo, por las 3/5 partes de los miembros de la Comunidad (además de que necesariamente deban estar representadas las 3/5 partes de las cuotas de participación).

Aspectos importantes, por un lado, que esta facultad es independiente de que suponga o no modificación del título constitutivo o de los Estatutos de la CC.PP.; por otro lado, la posibilidad de establecer cuotas especiales de gastos o incremento en la participación de los gastos comunes, afectos a la vivienda donde se realice esta actividad (siempre que no suponga un incremento superior al 20%).

La FEHT ha venido planteando ante las diferentes administraciones públicas la necesidad de que los propietarios tuvieran la última palabra sobre la implantación de la vivienda Vacacional en sus edificios, habida cuenta que se trata de la ubicación de una actividad empresarial en un ámbito estrictamente residencial. En tal sentido son destacables las últimas reuniones mantenidas con la anterior Secretaria de Estado de Turismo, Doña Matilde Asian, el actual Ministro de Fomento y Secretario de Organización del POSE, Don José Luis Ábalos y la actual Secretaria de Estado de Turismo, Doña Isabel María Oliver.

Podemos concluir que esta modificación supone un logro importante en toda la complejidad regulatoria de la vivienda vacacional.