La Contrarréplica a la réplica del creador del decreto a nuestra crítica unánime de Gran Canaria por defender realmente el interés común - el uso turístico en suelo turístico - en contra a lo que en la práctica pretende el texto actual del nuevo DECRETO VV
Durante décadas se ha creado una situación cada vez más insostenible, para parte del veterano sector extrahotelero, que se estancó con el difuso “modelo” de la Comunidad de Propietarios, que sin potestad jurídica y sin coherencia aún tratan de gestionar la crisis de su propia identidad, con un agravante, cuando ni siquiera reconocen sus propias raíces turísticas. El modelo extrahotelero, para sobrevivir con calidad renovada, además está obligado a auto financiarse. Primer problema “pecuniario” del esfuerzo para mantener la unión.
Para el sector existe una acumulación de ley sobre ley, creando un laberinto, y es cuando se introducen usos atípicos, que son dañinos para la actividad inicial productiva, en el lugar y el suelo creado y destinado legalmente para ello. El sector Extrahotelero canario, que se distingue de la Península, porque da trabajo y así ofrece todo tipo de servicios como limpieza, recepción, servicio técnico y por todo ello, ganó fidelidad del cliente. Clientes que envejecían y optaban por quedarse cada vez más tiempo. Algunos fueron más allá y eligieron la “independencia” mediante la compra.
Desencadena los cambios de su uso: Primero, la galopante residencialización con picos durante la crisis del Golfo y el blanqueo al euro en 2000. Luego se agrava con el alquiler turístico ilegal. A su vez en momentos de bajada de los precios, trabajadores aprovechaban para comprarse una vivienda turística o quedarse con la propiedad de la familia, para poder vivir y estar cerca de su trabajo en la zona.
Son viviendas que con su modelo turístico son satisfactorias para un soltero o una soltera, pero cuando estos dos se juntan, ya no lo son. Queda claro que las mismas autoridades que en las mismas décadas han hecho caso omiso a las señales, que confirmaban que era su sagrado deber ejercer en el control de sus leyes, para evitar el dañino uso contra productivo para el sector económico más productivo, no se preocuparon en promover la construcción, en la zona adecuada, de viviendas decentes superiores a 35 m2, que es la media de la unidad extrahotelera en el suelo turístico de la veterana y mejor zona sur, elegido en su momento por los canarios.
Se deben recuperar aquellas unidades alojativas turísticas perdidas, que por pasivo aún lo son, porque todavía lo son según ley, directriz, decreto, estatutos, plan general y por mero respeto al interés general en el uso correcto y en el suelo indicado como turístico, destinado así por los canarios.
Por activo, muchos dueños sin problema significante, se dedican al alquiler turístico ilegal. Todo al contado y sin recibo. Crea la merma desde dentro del sector legal. No quiero dramatizar porque el drama ya es evidente. Ya se está produciendo, no es porque yo quiero dar la advertencia del posible peligro todavía no existente.
El balance precario, incluso de más pérdida en la actividad legal turística, incluso en complejos turísticos en su totalidad, es inminente. Se concentra el peligro en la planta veterana, no necesariamente obsoleta, del estratégicamente mejor situado 3% del territorio de Gran Canaria, con ya gestores pos jubilados que hasta la fecha, por valor ético y/o profesional, hasta el momento, no han seguido el mal ejemplo del capitán del crucero, que fue el primero en abandonar el barco lleno de turistas con riesgo de ahogarse. Si no se pone límite al impune uso ilegal, perderemos más barcos de insignia. No más leyes ineficaces, sino reflexionar y reconducir.
El nuevo decreto borrador sin consenso previo, ahora se nos presenta de forma unilateral. Evidente que no se contaba con tanto sentido ético para crear un frente común en Gran Canaria. Desde la isla redonda se veía venir el documento dogmático de “los palos ciegos” y así decidimos prepararnos para evitar que el decretado reglamento borrador se convierta en el “deliberado” catalizador de la metástasis.
Para no profundizar en el túnel sin salida hay que promover que los complejos dolorosamente infectados por la actividad ilegal, puedan corregirse de la mano firme de la gestión proactiva.
Existe de momento aún el efecto inverso. ¨Mimar¨ lo ilegal. Sin incluso actuar contra el infractor, pero ágilmente sí multar al gestor legal, cuando es él quien denuncia. Todo al estilo del mensajero en la guerra griega.
Hay mucha desinformación y desconocimiento, sobre todo entre los extranjeros, que así se ve refrendada por la inactividad o falta de prevención de lo ilícito.
Empecemos con acción de contundentes avisos, promovidos por leales presidentes de las afectadas comunidades de propietarios, que para ello organicen asambleas extraordinarias informativas con participación de equipos de la “autoridad” que expliquen lo que sí y lo que no se puede hacer. Tarjeta amarilla. De paso se puede dar la información de la extrema eficacia de la automatizada conectividad del catastro y otros ordenadores en el seguimiento de la actividad ilegal.
Desde ahí, ya se podrá hablar de cómo encaminar y retroceder por la vía digna para los pecadores de “buena fe“ puedan alinearse a dos distintas patas posibles de la actividad turística alojativa, con un igual corsé de normas, que por lo bonito que es cada uno, no podrán juntarse en el mismo complejo. Sin embargo, cada uno en su lugar, los extrahoteleros y las VV podrían convivir en el suelo turístico específico.
Otros territorios, que no son de mi ámbito, en mi opinión requieren siempre la democracia escalonada, que daría la primera potestad a la Comunidad de Propietarios para decidir con decisión cualificada sobre introducir sí o no la actividad en su complejo de la vivienda vacacional. Requiere un cambio de la ley de propiedad horizontal. Eso toca en Madrid, en su sabio parlamento.
