La Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos (AEAT), reunidos hoy con representantes empresariales de su sector y los alcaldes de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, y la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, han puesto sobre la mesa varias cuestiones a modificar del nuevo borrador del decreto de Vivienda Vacacional, dado a conocer ayer por el Gobierno de Canarias, y en la que aseguran estar de acuerdo y ser un frente común.

En este sentido, ellos han coincidido en que “regidores profesionales y los principales actores del sector estamos muy unidos en la defensa de la posibilidad de alquiler vacacional legal en el suelo turístico, que no es lo mismo, según él, y “que no tiene nada que ver con la introducción del alquiler ilegal turístico dañino en el reglado sector extrahotelero”, añadió Smulders, “preferimos una oleada legal que un tsunami ilegal”

El borrador del decreto, entre otras cuestiones, impide el desarrollo de alquiler vacacional en las zonas turísticas, si bien dando la posibilidad a ayuntamientos y cabildos de fijar excepciones. Que según la Patronal extrahotelera, por el largo tiempo del trámite, así se convierte en una moratoria camuflada.

Del mismo modo, les preocupan plataformas de gestión, que introducen unidades alojativas turísticas que no cumplan con la legislación. Ruegan a tal efecto, que se  refuerza la plantilla de inspectores.

Smulders ha definido de “cifras esclarecedoras”, las que rodean al alquiler vacacional, en lo que ha identificado “como un interés del Gobierno autónomo de definirse, pero que no lo ha hecho al no contar con los implicados”. En esta línea, ha destacado que “es necesario una regulación de la actividad de las camas turísticas VV en suelo turístico que cumpla en su totalidad con requisitos, los convenios colectivos para los trabajadores y que tenga una gestión única”.

Para el presidente de la AEAT, “hay que seguir limando una regulación que debe contar con los actores principales” y que gestione la “vivienda vacacional en la zona turística” ya que a su juicio “es una ola imparable” y que en el caso de no regularse “provocará miles de plazas ilegales, estafa, competencia desleal e incumplimiento de convenios”.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ha coincidido con la AEAT en la necesidad de pulir el documento, ya que a su juicio “endurece la realidad de Gran Canaria sin solucionar la problemática del turismo vacacional”.

El regidor ha hecho hincapié en dos apartados del decreto: por un lado “el reglamento en las zonas turísticas no va a erradicar el funcionamiento ilegal” y el procedimiento sugerido en el mismo, dilataría en años el proceso.

Por otro lado, ha remarcado que este decreto “sigue empujando a que en estas zonas residenciales siga subiendo el alquiler” y además, “no resuelve el fomentar las viviendas vacacionales en el interior de la isla, ya que en el artículo 8 Apartado E lo prohíbe indirectamente”.

Pérez ha insistido en que “dedicaremos en este mes tiempo para alegaciones y trabajo para que el decreto realmente resuelva”,  que aunque según apunta, tiene elementos positivos, “pero confunde planeamiento y actividad”.

En la misma idea ha ahondado la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que ha puesto el acento en que “somos los principales municipios afectados, ya que estamos dentro de la ley turística del Plan Insular de Ordenación y nos vemos afectados por este decreto” que sin embargo “no ha contado con nosotros en su redacción”.  Según el documento actual, ha señalado, “prácticamente es el ayuntamiento el que debe ocuparse de la ordenación de las viviendas vacacionales, y no lo creemos justo”, considerando que “deberíamos trabajarlo con anterioridad y consenso “.

Tal y como ha insistido Bueno, “necesitamos un instrumento para ordenar este modelo mixto de residentes y turistas” que sufren estos municipios, en un trabajo “en el que hay que poner un poco de sentido común y plantear las alegaciones para que se tenga otro punto de vista en el territorio”.

Según ha explicado el director gerente del patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Pablo Llinares, actualmente “hay tramitadas en esta entidad 2500 viviendas vacacionales, de las cuales 1128 pertenecen a Las Palmas de Gran Canaria, 278 a San Bartolomé de Tirajana y 260 en Mogán”.

Asamblea de la AEAT

La reunión entre los principales actores del sector turístico también ha incluido la asamblea de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos, en la que han participado representantes empresariales y ha contado con el apoyo del secretario general adjunto de comisiones Obreras, Manuel Redondo, entre otros.

En este encuentro, el presidente extrahotelero ha explicado que Hacienda unirá el Catastro con su base de datos para dar solución a la actividad turística ilegal, que es necesario”.

Así mismo, Smulders ha insistido en que es el sector legal el que genera “empleo indirecto y directo con valores y respeto medioambiental” y que necesita para todos de un “corsé legal” que “ayude a la industria turística a tirar del carro y mejorar las cualificaciones”. Sugiere que para la introducción de la vivienda vacacional en general, se modifique en nivel estatal la ley de propiedad horizontal y que sea la Comunidad de Propietarios el primer escalón democrático que decide sobre  la actividad vivienda vacacional en su complejo.  

En la reunión, Smulders insistió en “salvar el suelo para su debido uso” con una “actividad unificada de gestión” para recuperar “complejos turísticos actualmente en desuso y con gran potencial” para también el alquiler turístico vacacional.

Así mismo, se ha abierto el debate en Gran Canaria sobre la vivienda vacacional y el alquiler vacacional ilegal por otro lado, con el interés de hacer escuchar todos los puntos de vista dentro del sector y así modificar el borrador del decreto.